El último sinsentido político

Durante el mes de agosto he podido entrar con fluidez a Valencia todos los días. Entrar y salir, algo esto último de lo que me puedo olvidar ya mismo porque salir de la ciudad hacía la V-21 requiere paciencia y mucha constancia. En el mes de junio se inauguró sin mucho bombo la rotonda llamada a canalizar el tráfico de la parte norte de la ciudad. Allí confluye la entrada de la autovía con los accesos a la Universidad Politécnica y a la ronda norte.

Un scalextric que tiene su punto fuerte en la salida del túnel. Cuatro hermosos carriles que confluyen en uno en menos de 500 metros. Eso es poner a prueba a pericia de todos los conductores.

La ejecución de la rotonda corría a cargo del gobierno de España. Por eso que lo del bombo y el platillo en la inauguración lo dejaran para otra ocasión y es que todo el mundo sabe que las relaciones entre gobierno local y central no pasan por su mejor momento. Muy compresible además en enfado de Rita Barberá, la alcaldesa de Valencia. El gobierno Zapatero ha tardado 3 años en realizar las obras, estéticamente no están finalizadas y encima están mal acabadas en lo funcional, cualquier conductor lo puede atestiguar.

Sobre el tunel hay una hermosa rotonda con un mirador colocado en medio de una piscina artificial. Para subir al mirador, se ha habilitado un ascensor y por supuesto el ayuntamiento de Valencia no ha puesto de su parte, un sueldo para que haya un vigilante que controle el acceso.

Cuál es mi sorpresa cuando el pueblo llano de manera voluntaria va a visitar la rotonda y a subir al mirador. Parece ser que el ayuntamiento no contaba con eso pero a la gente le gusta el sitio y va sin pesar si lo ha pagado Rita o Zapatero. El uso de las instalaciones está descontrolado, y sin nadie que vigile en menos de dos meses que lleva en funcionamiento, hay muchas cosas que ya se han echado a perder; el agua de la piscina esta verde y tiene como 5 cm de tierra en el fondo, las malas hierbas han crecido dentro de la rotonda y el ascensor del mirador no está sujeto a ninguna supervisión de capacidad.

Está claro que el gobierno central no ha cumplido los plazos de entrega y que además la cesión se ha hecho de manera inacabada y sin un mínimo de miramiento pero ¿no podría el ayuntamiento darle la vuelta a la tortilla, y acondicionar las instalaciones en su beneficio y de paso en el de los ciudadanos?