Un minuto de silencio, la separación de poderes ha muerto

Se imaginan a unos policías que están investigando la desaparición en una casa y derepente en el jardín ven que hay ocho cuerpos semienterrados. Lo normal sería que lo investigaran ya que están allí. Mejor dicho, su deber es investigarlo porque para eso se les paga entre otras cosas. Pues eso es lo que han hecho los agentes que han seguido el caso Gürtel. Los trajes de Camps eran sólo una anécdota, la punta de un iceberg que tenía por debajo miles de ramificaciones corruptas que afectan a toda la cúpula directiva del PP valenciano.

Con una investigación así de gorda entre sus manos, y viendo que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia rehusaba incluir su informe en la investigación, porque según los jueces no tenía nada que ver con los regalos de trajes, es natural que a estos benditos policías se les hincharan las narices y filtraran los informes a los medios de comunicación. Ni que decir tiene que rechazar un documento así, es más que reprobable por parte de la magistratura pero claro estamos hablando de que el presidente TSJV, José Luis de la Rua, es íntimo amigo de Camps y fue la persona que firmó el acta de ingreso del president de la Generalitat en el PP a finales de los años 80. Lo dicho es como si un policía ante un cadáver no investigará porque no tiene nada que ver con la desaparición que tiene entre sus manos.

Financiación ilegal
Y ¿de qué habla el informe? Sencillo, más allá de farragosas dobles contabilidades encontradas en el lápiz óptico del Bigotes, el documento viene a decir que presuntamente el PP pago algunos de sus actos con dinero sacado de la caja de la Generalitat, es decir sacado de nuestros bolsillos, y usando como intermediario a la empresa Orange Market.

Si esto no es digno de ser investigado por la justicia, ¿qué lo es? Con la no admisión a trámite de la causa por los trajes el TSJV ya comenzó a insinuar que los políticos controlan la administración de justicia pero ese tema era una nimiedad. Que una empresa privada haga regalos a cargos públicos, como dijo la propia alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, es comprensible y admisible, incluso si a cambio de esos presentes se buscar favores. Un empresario tendría poca visión de negocio si no intentará llevarse bien con los que mandan. Otra cosa es que como político te vendas por regalos, pero este ahora no es el tema que nos ocupa. La cuestión es que los trajes eran una tontería, simples estrategias de un pelota profesional como era Álvaro Pérez, especializado en alabar a la clase dirigente. Lo gordo, es que el PP valenciano, toda su cúpula directa y sobre todo y por ahora según demuestran las escuchas de la policía, Ricardo Costa, secretario general y Vicente Rambla, vicepresidente primero de la Generalitat, supuestamente utilizaban a Orange Market como intermediario para sacar dinero de la Generalitat y dirigirlo a la financiación del partido. Y esto señores, en España y hasta que se demuestre lo contrario es ilegal y por tanto digno de ser investigado por un Tribunal Superior de Justicia.

Si en el TSJV no se ha abierto un procedimiento o simplemente no se ha incluido en la causa por los trajes, significa que los políticos controlan al dedillo la administración de justicia por lo menos en aquellos temas que les afectan negativamente por tanto pido un minuto de silencio por la muerte de la separación de poderes en nuestra Comunitat.